La reforma sanitaria establece el copago para las personas que usan prótesis
Los afectados aseguran que esto será un hachazo para su integración social y laboral
El ahorro se pagará en gastos sociales, advierten
Carme Riu, presidenta de Dones no Estàndars, se desplaza por el centro de Barcelona. / TEJEDERAS
El ahorro previsto por el Gobierno en su decreto sanitario para prestaciones como las prótesis —700 millones— puede ser escaso comparado con el golpe que, dicen, sufrirá un colectivo, el de las personas con discapacidad, ya acostumbrado a perder. Los responsables de las organizaciones que los representan aseguran que la pérdida de poder adquisitivo que entraña para ellos la reforma dará un tiro mortal a la todavía precaria integración de estas personas: integración social y en el mercado laboral. Hay quien asegura que para los más vulnerables, un nuevo ahogo económico en estas circunstancias podría devolver al encierro en sus casas a aquellos que ya se habían atrevido a salir a la calle con su silla de ruedas, coger un autobús, comprar el pan...
El decreto afecta directamente a los discapacitados físicos que necesitan las prótesis externas —sillas de ruedas, piernas ortopédicas, corsés—, por las que se establece un copago igual que el de los fármacos. Existe desde mediados de los noventa un catálogo nacional que define el precio de estos aparatos y el periodo de renovación amparado por la sanidad pública. La fecha es el primer problema: solo ocho comunidades han avanzado en alguna medida en la renovación de ese catálogo incorporando productos y solo tres, Andalucía, Cataluña y Galicia financian al 100% lo que cuesta cada cosa.
Así que España está dividida en dos. Por un lado las comunidades que siguen con el catálogo original, que obligan al discapacitado a adelantar lo que le cuesta el producto y luego la Administración le reembolsa el precio que figura en el catálogo. Como es un precio muy antiguo estos ciudadanos, en la práctica, ya pagan parte de sus prótesis, hasta el coste real del mercado. En el resto de las comunidades (con algunas diferencias) el sistema es algo menos oneroso, puesto que es el despacho de ortopedia el que se encarga de adelantar este pago y pasar la factura a la Administración.
Así como para los medicamentos hay un plazo de dos meses para aplicar el copago, en este caso el calendario será de medio año porque está pendiente, dicen en el Ministerio de Sanidad, la renovación de ese catálogo. Esta es la enésima promesa de que los aparatos que incluye, anticuados y pesados, se sustituirán por otros más modernos y, por tanto, de precios actualizados.
Mientras ello ocurre, ya se sabe que rentas no muy altas, por encima de 1.600 euros mensuales, tendrán que hacer frente a la mitad del producto que compren. Y las inferiores a 22.000 euros anuales (el límite para hacer la declaración de la renta) el 40%; los pensionistas, un 10%. “Pero no se puede comparar lo que cuesta una caja de pastillas, normalmente, con una silla de ruedas”, advierte Rosa Fernández, secretaria técnica de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop).
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